Está destinado a fortalecer, visibilizar y promover la actividad comercial, productiva y de servicios local. La iniciativa comenzará su tratamiento en las comisiones del Concejo Deliberante.

El proyecto fundamenta su propuesta en la transformación de los hábitos de consumo y la necesidad de dotar de visibilidad digital a las pequeñas y medianas empresas nogoyaenses. Diseñado como una política pública de bajo costo presupuestario y de ejecución progresiva, el programa no contempla la creación de subsidios ni de exenciones fiscales, sino el aprovechamiento de la infraestructura de comunicación y las herramientas digitales del Estado municipal.

La normativa plantea la estructuración del programa a partir de tres ejes operativos principales:

  • Registro Municipal «Elegí Nogoyá»: Padrón de adhesión voluntaria y gratuita destinado a comercios, industrias, prestadores de servicios, cooperativas, profesionales y emprendedores radicados en la ciudad. Requiere acreditar residencia mínima de dos años para personas humanas o asiento y actividad principal en el ejido municipal para personas jurídicas.
  • Plataforma Digital «Elegí Nogoyá»: Directorio oficial integrable al sitio web de la Municipalidad para ubicar establecimientos por rubro, categoría y barrio, con detalles de horarios, vías de contacto, redes sociales, promociones y medios de pago.
  • Sello Oficial «Elegí Nogoyá»: Distintivo de identificación institucional para locales, plataformas digitales y material gráfico de las firmas adheridas.

Adicionalmente, el texto incluye el desarrollo de campañas institucionales permanentes de concientización sobre el consumo local, la instauración del «Mes del Comercio Local» y la ejecución de capacitaciones en marketing digital, comercio electrónico, inteligencia artificial aplicada, herramientas financieras y atención al cliente. Para concretar estas acciones, el Ejecutivo local quedará facultado a articular convenios con universidades, cámaras del sector, entidades bancarias y organismos oficiales.

Esta presentación complementa el debate legislativo impulsado semanas atrás por el Departamento Ejecutivo, que envió un proyecto de modificación a la ordenanza de 2016 para ampliar la regulación de residencias mínimas en la habilitación de supermercados, bazares y polirrubros.