César Roberto Cepeda llegará al banquillo de los acusados tras seis años de dilaciones y apelaciones de la defensa. Las víctimas, presuntamente sufrieron los ataques durante la cuarentena por la pandemia. El debate oral estará coordinado por el juez técnico Dardo Tórtul.
A partir del próximo martes y con una extensión prevista hasta el 1 de julio, se desarrollará el juicio oral y público contra César Roberto Cepeda, un vecino oriundo de Lucas González, quien se encuentra imputado por la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de sus dos pequeñas sobrinas.
La particularidad institucional del proceso radica en que se tramitará bajo la modalidad de juicio por jurados. De este modo, un cuerpo de ciudadanos será el encargado de examinar la evidencia, escuchar la acusación pública y evaluar la tesis que construya la defensa técnica para determinar la culpabilidad o inocencia del procesado en un legajo que arrastra un severo letargo en los despachos judiciales.
Los hechos investigados
La denuncia penal que pesa sobre Cepeda detalla que los abusos ocurrieron en el marco de la intimidad familiar, específicamente en la vivienda que el acusado compartía con su esposa, quien es hermana de la madre de las damnificadas.
La hipótesis acusatoria señala que los ataques se perpetraron cuando las víctimas tenían apenas 3 y 6 años de edad. Aprovechando el contexto de las restricciones de circulación dictadas por la pandemia del coronavirus, las niñas quedaban de forma recurrente al cuidado de sus tíos maternos mientras sus progenitores se ausentaban del hogar para cumplir con sus correspondientes obligaciones laborales.
Un laberinto de apelaciones y demoras procesales
La llegada a la instancia del juicio oral demandó un complejo entramado de revisiones que dilató el proceso durante años, una situación que la familia de las víctimas comenzó a visibilizar públicamente ante los medios de comunicación desde el año 2023.
En el año 2022, el entonces juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, dispuso clausurar la investigación penal preparatoria y elevar la causa a un juicio oral de tipo común, criterio que fue ratificado en las instancias superiores de la jurisdicción.
Posteriormente, la defensa técnica del imputado, ejercida por el abogado Walter Martínez, interpuso un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos para retrotraer las actuaciones y exigir que el juzgamiento se realice mediante un tribunal popular.
La resolución de la Sala Penal del STJ haciendo lugar al planteo defensivo postergó el debate por cuatro años más, hasta que el año pasado la jueza de Garantías subrogante, María Gabriela Tepsich, encuadró el expediente bajo las normativas del juicio por jurados.
La expectativa familiar
El tramo final del debate estará bajo la dirección técnica del magistrado Dardo Tórtul. En la antesala de las audiencias, el padre de las menores, manifestó el deseo familiar de cerrar una etapa dolorosa que el próximo 1 de julio cumplirá exactamente seis años desde la radicación de la primera denuncia en sede policial.
El progenitor de las niñas recordó además que Cepeda —quien actualmente cumple con medidas restrictivas de acercamiento hacia las víctimas y sus padres tras haber violado una prisión domiciliaria previa— debe recibir una condena de cumplimiento efectivo en una unidad carcelaria para que finalmente se haga justicia por las menores afectadas.