A raíz de una serie de publicaciones en redes sociales realizadas por el Sr. Federico Fissore, en las cuales se vertieron acusaciones contra la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nogoyá, tanto la entidad local como la Federación Provincial han emitido un descargo oficial para clarificar la situación institucional.

La Asociación de Nogoyá sostiene que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna presentación escrita ni denuncia formal por los canales institucionales. Argumentan que las acusaciones en redes sociales son «genéricas, unilaterales y sin respaldo documental», lo que impide iniciar una investigación interna legítima.

Más allá de lo manifestado, la comisión Directiva enfatizó que, si bien rechazan cualquier forma de maltrato o violencia, la atribución de «conductas graves» a personas concretas lesiona el derecho al honor y la presunción de buena fe de los señalados.

La Federación de Bomberos de la Provincia de Entre Ríos — «Justo José de Urquiza» intervino como organismo de segundo grado. Tras una evaluación, dictaminó que la Asociación de Nogoyá actuó conforme a las leyes vigentes (Ley Federal N°25.054 y Ley Provincial N°11.116, entre otras), por lo que ratificó el «buen actuar» tanto de la Comisión Directiva como de la Jefatura de Cuerpo Activo de Nogoyá, calificando la denuncia pública como «infundada» y dando por cerrada cualquier vía federativa de apelación sobre este caso.

El documento, firmado por el Comandante Darío Javier Tovani (Secretario Federativo) y el Comandante General (R) Mons. Carlos Adrián Guedes (Presidente Federativo), insta al denunciante a canalizar sus inquietudes por las vías legales y administrativas correspondientes, reafirmando el compromiso de la institución con la transparencia y el diálogo documentado.

El peligro de la «Justicia de Redes» en las instituciones de bien público

La reciente respuesta de la Federación de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos ante las acusaciones públicas contra el cuartel de Nogoyá pone sobre la mesa un debate urgente: la tensión entre la libertad de expresión en redes sociales y el respeto a los procesos institucionales.

Vivimos en una era donde un posteo en redes puede tener más alcance que una denuncia formal. Sin embargo, como bien señala el comunicado, la acusación mediática carece a menudo de la precisión, las pruebas y el derecho a réplica que garantizan un proceso justo. Cuando se señala a una institución sensible como Bomberos de Nogoyá sin seguir los canales administrativos, se corre el riesgo de erosionar la confianza pública en una entidad cuya función social es salvar vidas.

El dictamen de la Federación otorga respaldo total al citar leyes federales y provinciales. La cúpula bomberil no solo defiende a una comisión directiva, sino que blinda el sistema jerárquico que rige a la fuerza, dejando claros mensajes como el que las redes sociales no son un tribunal; la transparencia se construye con documentación, no con likes y el honor de las personas es un límite que la «catarsis digital» no debería cruzar impunemente.

El peligro real de estos conflictos reside en el daño colateral a la moral del cuerpo activo. Los bomberos voluntarios operan bajo una estructura de disciplina y sacrificio; cuando esa estructura se ve atacada desde la informalidad del anonimato o el ruido digital, se debilita el espíritu de servicio.

Queda como lección para la comunidad que la verdadera justicia requiere canales formales. Para fortalecer nuestras instituciones, el diálogo debe ser responsable y, por sobre todas las cosas, documentado. El fuego de la opinión pública es, a veces, más difícil de apagar que un incendio forestal.